La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado la
modificación del artículo 6 de los
criterios de actuación en la concesión de Ayudas de Emergencia Social (AES)
para el 2021 y la inclusión de un nuevo artículo.
Esta modificación se lleva a cabo con
motivo de la situación de crisis causada por la pandemia a lo largo del 2020,
siguiendo las directrices del Gobierno Vasco y con el objetivo de adaptarse al contexto y
necesidades sobrevenidas, según han informado desde el Consistorio
donostiarra.
De este modo, se han realizado cambios
relacionados con ayudas para dentista, ayudas para entrada en vivienda de alquiler o la inclusión de una serie de
ayudas de alimentación. Se ha incluido también un nuevo artículo sobre
la justificación del gasto, que se establecerá sobre la cuantía concedida, no
sobre la cuantía del gasto que la origina. Al tratarse de modificaciones
favorables para los solicitantes, los cambios se aplicarán con efecto
retroactivo a las solicitudes ya formalizadas.
Los Servicios Sociales atendieron a 16.094 familias donostiarras en 2020,
un 7,31% más
Los perceptores de
Ayudas de Emergencia Social se incrementaron casi un 20% por la pandemia
La concejala de Acción
Social, Aitziber San Román, y el director de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Garikoitz Agote, este lunes durante la presentación de la memoria
de 2020.
Los centros de Servicios Sociales de San Sebastián atendieron en 2020 a 16.094 familias,
un 7,31% más que el año anterior. La concejala de Acción Social,
Aitziber San Román, y el director del departamento, Garikoitz Agote, han
presentado este lunes los datos relativos a la memoria del pasado año y han
subrayado que «2020 ha sido un año
completamente inusual, en el que hemos perseguido dos objetivos: por una
parte, mejorar las prestaciones y servicios municipales que recoge el sistema
vasco de servicios sociales y facilitar el acceso de la ciudadanía a los mismos
y, por otra, responder de manera adecuada a las necesidades sociales urgentes
ocasionadas por la pandemia». El objetivo, según ha explicado la concejala de
Acción Social, ha sido conseguir que «Donostia sea una ciudad más cohesionada».
La situación provocada por el Covid-19 llevó al departamento de Acción
Social a destinar una partida extraordinaria de 1,5 millones de euros para
hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria. La pandemia, además,
ha afectado a todos los servicios que se prestan. De las 16.094 familias
atendidas, 3.940 acudieron por
primera vez a los Servicios Sociales, un 1,99% más que el año
anterior. En total, los centros de Servicios Sociales y el Servicio de
Urgencias Sociales del Ayuntamiento gestionaron 17.174 solicitudes de recursos,
un 8,92% menos que el año 2019. El descenso viene motivado, principalmente, por
la interrupción temporal por parte de la Diputación de las nuevas
incorporaciones a distintos centros, así como la prórroga durante seis meses de
los grados de dependencia revisables. En cambio, la cantidad de recursos de
ayudas económicas, la intervención con menores y los recursos de atención y
asistencia a mujeres víctimas de violencia de género se vio incrementada.
Ayudas económicas
La crisis sanitaria hizo
que en 2020 3.008 familias accedieran a las Ayudas de Emergencia Social (AES),
un 19,75% más que el año anterior. Así, el Ayuntamiento destinó 3,2 millones de euros a estas
ayudas, un 31,07% más que en 2019, cuando se invirtieron 2,4 millones de euros.
En lo que a las Ayudas
de Apoyo al Plan de Trabajo Compartido (AAPTC) se refiere, el Ayuntamiento
concedió ayudas a 812 familias,
un 37,86% más que el año pasado, destinando casi 696.000 euros, un 29,2% más
que en 2019.
Personas mayores
En 2020 se
contabilizaron 719 nuevas solicitudes para el Servicio de Ayuda Domiciliaria
(SAD), que finalizaron con 579 altas nuevas. Durante el año, 2.633 personas
pertenecientes a 1.901 domicilios se beneficiaron del servicio, que ha supuesto
una facturación de 10,8 millones
de euros (1,77 millones aportados por las personas usuarias, 2,88
millones por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y 6,15 millones por el
Ayuntamiento).
Además, los usuarios del
SAD se han beneficiado de diferentes servicios como limpiezas a fondo o limpiezas de choque (16
personas), la orientación y puesta a disposición de un stock de productos de
apoyo como grúas o camas articuladas (27), el acompañamiento para la
realizacion de gestiones sanitarias y de documentación (44), o ayuda en la
gestión de la medicación (141).
Junto al SAD, otros
servicios y recursos que posibilitan la permanencia de las personas mayores
frágiles en su domicilio y que ayudan a dichas personas a seguir relacionándose
con otras personas son la teleasistencia y el servicio de atención diurna en el
ámbito comunitario, Goizaldiak. Durante el año pasado se atendieron 1.163 nuevas solicitudes para el servicio de
teleasistencia y 39 personas utilizaron los distintos Goizaldiak.
Del mismo modo, 278 personas se beneficiaron de los programas conveniados con
asociaciones de voluntarios que prestan acompañamiento a personas mayores, como
son Nagusilan y Cruz Roja.
Una de las iniciativas
más destacadas de 2020 fue el desarrollo de Lagunkate junto a Donostia
Lagunkoia y el servicio de ordenación territorial. Gracias a esa iniciativa, en
la que se contactó durante el confinamiento con 17.816 personas mayores de 65
años que viven solas o acompañadas por otra persona mayor, los Servicios
Sociales hicieron seguimiento
directo a 2.128 personas.
Asimismo, en
colaboración con las 23 asociaciones de personas mayores jubiladas de la ciudad
se desarrollaron una cuarentena de iniciativas encaminadas a la promoción de la
participación activa, social y cultural de las personas mayores. Y mediante el
programa +55, cuyo objetivo es promover la participación activa y social de las personas mayores en
equipamientos municipales comunitarios, 5.619 personas tomaron parte en 498
actividades diferentes organizadas a lo largo del año.
Atención y servicios a menores
Hasta el 7 de julio de
2020, el departamento de Acción Social desarrolló diversos programas de prevención vinculados a
adicciones, si bien algunos de ellos, como el programa de información y
formación en locales de jóvenes no pudo realizarse debido a la pandemia. A
partir de esa fecha, este servicio pasó a la Dirección de Salud y
Medioambiente.
Un total de 183 personas
–89 menores, 92 familiares y 2
educadores– participaron en el programa destinado a menores que fueron
sancionados en al ciudad por tenencia o consumo de sustancias o, aunque no
fueron sancionados, mostraban factores de riesgo. Del mismo modo, 17 grupos de
8 centros escolares participaron en programas preventivos de drogodependencias
en el ámbito educativo, y en 8 centros se desarrollaron programas preventivos
sobre usos de nuevas tecnologías.
Por último, Aitziber San
Román ha detallado que los Servicios Sociales atendieron en 2020 a 216 personas nuevas en el
programa que ofrece información y apoyo a víctimas de la violencia de género.
Además, se continuó atendiendo a otras 227 personas más que ya se habían
iniciado en el programa en años anteriores.
Cuando hablamos de los cuidados hablamos
de responsabilidad mutua,de prioridad
social, con un gran coste económico y personal.Si la sociedad no se hace responsable de las personas más desfavorecidas
ydependientes, deshumanizamos los
cuidados. Todas las personas somos social y humanamente interdependientes y
necesitamos diversos cuidados a lo largo de nuestra vida.Recordemos que humanizar significa cuidar
desde el respeto.El envejecimiento de la sociedad, la
baja natalidad, la esperanza de vida nos hacen reflexionar que debemos
construir desde la pluralidad, socializar los cuidados, no responsabilizar
únicamente a las mujeres de ellos, y eso nos aboca en un cambio tanto de
valores como de organización social, con una real igualdad de oportunidades y
con una corresponsabilidad de los hombres.La sociedad
va cambiando antes que las leyes, hacia
nuevas formas de cuidado y actualmente estamos trabajando para cambiar y educar
en un modelo de auténtica
corresponsabilidad entre mujeres y hombres y por una
distribución justa y equitativa de las tareas a realizar en el hogar familiar.
El modelo que
defendemostienecomo objetivo que la sociedad en general, y
los hombres en particular, sean corresponsables en el sostenimiento de los
cuidados así como garantizar los mismos con unos servicios sociales de calidad,
enla atención a las personas dependientes,
con diversidad funcional, a los recién nacidos y a los menores.
El cuidado no es exclusivo del ámbito
familiar o doméstico, sino que es una necesidad de todas las personas. Los cuidados a corto y largo plazo no pueden
centrarse exclusivamente en cubrir las necesidades básicas de las personas
mayores, ya que hay que atender otros aspectos fundamentales para su propia
vida, su propia independencia emocional y su derecho a ser cuidada dignamente. Estos cuidadosrealizados por la familia, las instituciones
públicas y el mercado formado por empresas con ánimo de lucro, además del
voluntariado y las organizaciones del Tercer Sector, deben reorganizarse
mediante un apoyo mayor de servicios públicos y reducir los horarios enlas jornadas laborales además deapostar por un modelo de cuidados
compartidos. El dinero público es para amparar a la
sociedad no para que algunos se lucren con ello.
Incidir
en una mayor configuración del empleo doméstico emplazaría más a repartir que a
compartir el cuidado. Resulta incuestionable la prioridad de caminar hacia
propuestas que aboguen por limitar, repartir y compartir el tiempo de todo el
trabajo, no solamente del remunerado.
El
objetivo es facilitar la reducción de la desigualdad existente entre mujeres y
hombres en las tareas de cuidados, replanteando,la organización social del cuidado, mediante
una respuesta colectiva al problema, y no responsabilizar únicamente a las
mujeres, por ser una mano de obra barata, no remunerada. No podemos seguircreandoempleos para el cuidado, que impidan el cuidado personal e individual. Las
personas cuidamos a personas. Reorganizar la estructura laboral, la forma de
educación de género,son urgenciasque se plantean tras la crisis de cuidados,
impulsada por el actual sistema socioeconómico. Resulta igualmente imprescindible
eliminar la condición que prevé como único acceso a los servicios de
dependencia, la prestación por cuidados en el entorno familiar, ampliando el
foco a la responsabilidad compartida de los cuidados, Una respuesta
institucional, a través de la creación de servicios profesionales para atender
a las necesidades de cuidado, la municipalización del SAD, mayor cantidad de
guarderías municipales, de Centros de Día, así como respuestas comunitarias que refuercen los
vínculos afectivos y a un modelo convivencial compartido, es una necesidad
inherente.
La
prioridad política debeestablecerlos cuidados sociosanitarios como base
primordial, con un coste público y social para asegurar una calidad del
servicio, una regulación laboral y una garantía al derecho de las personas a
ser cuidadas en su entorno personal.
Muchas de las declaraciones, lemas, comunicados y acciones del 8 de
marzo de este año girarán en torno al "cuidado y la salud",
también esta declaración del Consejo de Igualdad de Donostia.
La pandemia dejó en evidencia desde el primer día que los cuidados
están en el centro de todas nuestras vidas y, al mismo tiempo, sacó
a la luz la precariedad de los trabajos que se dedican a estas
tareas.
La discriminación de género y por razón de sexo es una realidad en
todo el mundo, también aquí, y está presente en nuestras vidas
cotidianas. Aunque consigamos avances, tenemos aun un largo camino
por recorrer a favor de los derechos de las mujeres, y solo podremos
avanzar con una acción colectiva para derogar las leyes que nos
explotan y crear leyes que nos amparan, erradicando la lacra social
de la violencia machista.
Las mujeres lo tenemos claro y lo reivindicamos el 8 de marzo año
tras año, nuestros derechos no son negociables. No podemos permitir
que las leyes no tengan en cuenta a las mujeres en el momento de su
creación y, asimismo, debemos apostar firmemente por la
interpretación de las normas vigentes con perspectiva de género,
tal y como proclama la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007. Solo
de esta manera conseguiremos que se garanticen nuestros derechos.
Reivindicamos el derecho a vivir una vida digna, el derecho a una
vivienda, a realizar las tareas de los cuidados en condiciones
dignas; en resumen, debemos poner en el centro de la vida los
cuidados y debemos reivindicar nuestro derecho a decidir sobre
nuestras vidas, incluyendo las condiciones de trabajo. El principio
de dignidad humana inherente a cada persona obliga a los poderes
públicos a garantizar de manera efectiva también los derechos de
las mujeres.
Las mujeres reivindicamos el derecho a la igualdad salarial, tal y
como se ha puesto de manifiesto el pasado 22 de febrero, lo que
significa que se debe abonar la misma retribución por trabajo de
igual valor. Para ello, es necesario abordar la cuestión de la
valorización de las tareas domésticas. Asimismo, urge implementar
políticas que garanticen trabajos de cuidados dignos, teniendo en
cuenta tanto las condiciones de vida de la persona que es cuidada
como de quien se dedica a cuidarla. Además, la erradicación de todo
tipo de violencia contra mujeres y niñas debe ser uno de los
objetivos prioritarios, lo cual exige garantizar la libertad de
movimiento y decisiones individuales.
Apostamos también por visibilizar la violencia obstétrica, dado que
la atención a las mujeres gestantes se ha visto afectada
negativamente en los controles rutinarios del embarazo como en los
partos.
Las mujeres estamos más expuestas a riesgos físicos y
psicosociales, y la crisis de la COVID19 ha dejado en evidencia que
somos fundamentales y ocupamos trabajos esenciales. Se ha destacado
la importancia de nuestra aportación en tanto en ámbitos
profesionales públicos como privados y todo ello ha evidenciado las
cargas que sufrimos.
Por ello, el 8 de marzo, y a través del Consejo de Igualdad del
Ayuntamiento de San Sebastián,denunciamos toda forma y sistema que
impida que las mujeres consigamos una igualdad real y efectiva y
exigimos que se eliminen las barreras que obstaculizan nuestro avance
y desarrollo a
cualquier nivel. Denunciamos asimismo los recortes presupuestarios en
materia de igualdad haciendo hincapié en que esta crisis ha
demostrado que hace falta invertir en políticas para prevenir un
aumento de las desigualdades, un incremento en la marginación o
precariedad laboral de las mujeres. Por último, solicitamos que se
lleve a cabo con urgencia el cambio normativo necesario para que el
Convenio de Estambul sea de plena aplicación, es decir, para que se
tomen medidas para prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres. Queremos recordar a las mujeres que
durante la pandemia, y en especial en el confinamiento, han sufrido
más la violencia machista por parte de “sus maltratadores”.
Por todo ello, el Consejo de Igualdad de Donostia apoya e invita a la
ciudadanía a participar, con todas las medidas sanitarias exigibles
por la crisis-sanitaria, en las diferentes manifestaciones y
actividades que desde el movimiento feminista que se han organizado
con motivo del 8M.
Reconocimiento de accidente laboral en caso de contagio por COVID19
El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, prorroga el reconocimiento como accidente laboral del contagio por coronavirus a trabajadoras/es de centros sanitarios o socio-sanitarios, pero no a las técnicos en atención a personas en situación de dependencia en domicilio.
Disposición adicional octava
Prórroga del artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
La consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.
Este RD ignora, como viene siendo habitual, a las técnicos en atención a personas en situación de dependencia en domicilio, haciendolas invisibles nuevamente, con todas las responsabilidades pero sin ningún derecho.
Desde las distintas Plataformas y asociaciones del SAD, solicitamos ser consideradas grupo de riesgo. Realizamos un trabajo esencial para la comunidad, con profesionalidad y garantías, así lo hemos demostrado siempre, más aún en estos tiempos que estamos viviendo, donde nuestro trabajo está siendo vital. Estamos en permanente contacto con personas especialmente vulnerables, con el agravante que al estar en su domicilio, no sienten la necesidad de poner mascarilla cuando acudimos a realizar nuestro trabajo. Estas personas son a menudo visitadas por familiares o incluso viven en unidades familiares o de convivencia, que no toman ningún tipo de medida para evitar contagios (ni distancia física, ni mascarilla…).
Por todo esto , exigimos del Gobierno de España, las modificaciones pertinentes del RD, para incluir a las técnicos en atención a personas en situación de dependencia en domicilio, existimos y somos esenciales. Ahora mismo somos un grupo vulnerable.
