La asamblea general de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Donostia ha acordado rechazar por unanimidad el preacuerdo de convenio colectivo suscrito entre la dirección empresarial y el sindicato CCOO.

Según un comunicado que han hecho público por las representaciones sindicales de ASADE y ELA en el comité de empresa, la plantilla votó el sábado en contra del documento de forma categórica al considerar que conlleva un «grave perjuicio económico estructural». Según se se especifica en la nota, el salario base actual se sitúa en 1.701,51 euros.

Congelación salarial

De acuerdo con el comunicado conjunto remitido por ambas centrales, el texto acordado entre CCOO y la patronal contempla para 2027 la congelación salarial y del resto de condiciones, compensado a través de un pago único no consolidable en 2028 por un importe inferior al salario base mensual.

En la actualidad, unas 3.000 personas son usuarias del Servicio de Ayuda Domiciliaria. Se trata de un servicio de ayuda directa en sus hogares para labores cotidianas imprescindibles para llevar adelante el día a día. La demanda y el número de usuarios de este servicio han aumentado de forma continuada en la última década debido al envejecimiento de la población.

Tablas salariales

Según los cálculos técnicos presentados por ASADE y ELA ante la asamblea, la aplicación de esta compensación no consolidable provocará que, en enero de 2029, el salario base de cada empleada se sitúe 53,77 euros al mes por debajo del que resultaría de aplicar la propuesta de tramos defendida por ambas organizaciones. Esto se traduciría, según sus estimaciones, en una merma anual de 752,78 euros en los ejercicios posteriores de vigencia del convenio (2029-2031).

Ambos sindicatos señalan asimismo que la congelación retributiva en 2027 supondrá una ventaja económica para la adjudicataria actual a costa de fondos públicos. Según explican, la entrada en vigor de la nueva licitación municipal está prevista para agosto de 2027 con tarifas actualizadas por parte del Ayuntamiento.

En este sentido, denuncian que la empresa percibiría los nuevos ingresos presupuestarios manteniendo a su vez las retribuciones de las trabajadoras fijadas en los niveles de 2026, lo que calculan en un beneficio añadido de 612,54 euros por empleada.

Petición al Ayuntamiento

Ante este escenario, ASADE y ELA han formalizado una petición por registro dirigida al Área de Acción Social del Ayuntamiento. En el escrito instan al consistorio a acogerse al artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) con el fin de incluir en los pliegos de contratación una cláusula de puntuación extra que valore a las empresas concursantes que se comprometan a aplicar una subida salarial efectiva del 6% a partir de agosto de 2027.

Las dos centrales sindicales advierten de que, en caso de que CCOO y la empresa rubriquen finalmente el convenio en solitario sin el respaldo de la asamblea, darán por rota la paz social y convocarán movilizaciones y medidas de conflicto laboral de manera inminente en este servicio asistencial.