PROFESIONALES SOCIOSANITARIAS .MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 15896

 Por si a alguien les queda duda de que somos PROFESIONALES SOCIOSANITARIAS .MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 15896

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Madrid, 11 de diciembre de 2017. –El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés Sanagustín.

ANEXO

Acuerdo de 19 de octubre de 2017, por el que se modifica parcialmente el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, modificado por el Acuerdo de 7 de octubre de 2015. (Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad y Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad)

Por tanto, los contenidos de la modificación que ahora se propone, dejan sin efecto los del Acuerdo de 7 de octubre de 2015, por estar afectado en todos sus términos.

En su virtud, respetando el Acuerdo del 2008, se acuerda modificar el criterio tercero, apartado b), hasta el cuadro 2 (ratios globales actuales en media existentes en las CCAA y ratios exigibles en 2011) del Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que tendrá la siguiente redacción:

«Tercero. Ámbitos de acreditación.

Quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia, previstas en el artículo 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y los/as auxiliares de ayuda a domicilio, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, establecida por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, según se determine en la normativa que la desarrolla.

A tal efecto, se considerarán los siguientes títulos y certificados:

• El Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, o los títulos equivalentes de Técnico Auxiliar Clínica, Técnico Auxiliar Psiquiatría y Técnico Auxiliar de Enfermería que se establecen en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, o en su caso, cualquier otro título que se publique con los mismos efectos profesionales.

• El Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, regulado por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, o el título equivalente de Técnico de Atención Sociosanitaria, establecido por el entonces Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, o en su caso, cualquier otro título que se publique con los mismos efectos profesionales.

• Título de Técnico Superior en Integración Social, establecido por el Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, o el título equivalente de Técnico Superior en Integración Social establecido por el entonces Real Decreto 2061/1995, de 22 de diciembre, para aquellos profesionales que, a la fecha de publicación del presente Acuerdo, se encuentren trabajando en la categoría profesional de asistente personal o auxiliar de ayuda a domicilio.

• El Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, o en su caso, cualquier otro certificado que se publique con los mismos efectos profesionales.

• El Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, o el equivalente Certificado de Profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio, regulado por el entonces Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, o en su caso, cualquier otro certificado que se publique con los mismos efectos profesionales.

BOE-A-2017-15896 Verificable en http://www.boe.

LAS HADAS EXISTEN- Un video realizado por el SAD de Gijón sobre las auxiliares domiciliarias.

https://www.leitmotivimagen.com/project/s-a-d-las-hadas-existen/ 

GESTORES EN EMPRESAS CON ANIMO DE LUCRO - RESIDENCIAS GERIATRICAS Y SAD - EUSKADI

 

IÑAKI EGAÑA

HISTORIADOR

2020/10/03

Hace apenas tres años, la propiedad había dado un vuelco espectacular. De los 370 centros de la CAV, 277 privados y 93 públicos. No es el Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Es «Euskadi».

La gestión institucional de la pandemia en los cuatro territorios vascos peninsulares hace aguas. Tanto en educación como en sanidad, trabajadores y sindicatos han puesto el dedo en la llaga para denunciar que, a pesar de la situación excepcional, las medidas adoptadas son el reflejo de una política neoliberal cuyo objetivo principal sigue siendo ganar dinero en el menor tiempo posible. Incluso en estos complicados tiempos.

Entre tantos patrones, el paradigma de la gestión de la residencia de ancianos Abeletxe de Ermua me ha producido un enorme desasosiego, una empatía hacia una población estigmatizada hace ya más de un par de décadas por aquel Foro que, legítimamente, surgió a raíz de la muerte de Miguel Ángel Blanco por ETA. Un Foro que mantuvo el nombre faro de Ermua y con el tiempo se convirtió en refugio de ultras como Rosa Díez o Iñaki Ezkerra y concluyó su andadura echándose los trastos entre ellos, por un minuto más o menos en las tertulias televisivas.

El municipio de Ermua fue marcado, asimismo, por la tragedia del vertedero de Zaldibar, el incendio que afectó a su barrio de San Lorenzo y, en esa resaca, por la chulería de su alcalde Juan Carlos Abascal (PSOE) que minimizo sus efectos, achacó a «gente que de manera intencionada está provocando miedo», echó la culpa del derrumbe a EH Bildu y bloqueó a todo aquel que no siguiera su relato. Otro negacionista más, de la cuadrilla de los que rechazaron en su día la explosión en el reactor de Chernóbil.

Ahora, y desde hace un par de semanas, los familiares de los mayores confinados en Abeletxe han denunciado la muerte de medio centenar de personas a causa del coronavirus. ¡Cincuenta personas fallecidas en seis meses! La mayor cifra de decesos en una residencia vasca.

Se me quebró la vista cuando descubrí diversas instantáneas de los familiares depositando claveles entre los cincuenta nombres de los fallecidos que, de manera sencilla, habían pegado en la pared del centro. Me recordaba a esas otras imágenes de los muertos del 11S, de los del 11M. Cuando identificamos a una víctima la recuperamos para la humanidad.

La lejanía aplaza el dolor. Pero Ermua no es Cincinnati. Ermua es veta de nuestro país. El sentimiento no puede ser sino compartido. Más aún en una época en la que ciertos sectores, económicos y sociales, infantilizan a los mayores, restan la trascendencia de su fallecimiento y hacen cuentas políticas en función de su nivel de consumo y su grado de gasto social.

La gestión de la residencia de Ermua corresponde a una empresa privada de nombre Vitalitas que tiene la llave de otras veinte en Bizkaia. Una empresa cuyos gestores tienen nombre y apellidos y pertenecen a familias relacionadas con el que llaman «régimen anterior» (los Gorostiza Ezquerra), pero también a esa pléyade de antiguos cargos del PNV que, tras hacer carrera institucional, se refugian en constructoras, empresas de servicios, y toda clase de negocios fáciles debido a su condición. Incluso para llegar a la cúpula de Confebask, como Eduardo Zubiaurre.

Hace treinta años, solo el 9% de las residencias de mayores de la Comunidad Autónoma Vasca estaba en manos de la iniciativa privada. El resto eran de utilidad publica, directamente o a través de fundaciones. Hace apenas tres años, la propiedad había dado un vuelco espectacular. De los 370 centros de la CAV, 277 privados y 93 públicos. No es Cincinnati ni el Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Es «Euskadi».

Un buen porcentaje de estas 277 empresas se han unido en una red empresarial que tiene en la trastienda de sus consejos a ex cargos públicos del PNV que hoy han encontrado el negocio en la gestión privada de la vejez. Según Ahoztar Zelaieta, las residencias gestionadas hoy por empresas conectadas a excargos del PNV representan el 42% de la patronal de residencias en Bizkaia y el 37% en Gipuzkoa.

Sus nombres son del todo conocidos para quienes, aun en baja intensidad, seguimos la actualidad diaria. Cargos antiguos del PNV, hoy ligados a las residencias: Asier Atutxa (BBB), Nerea Ahedo (senadora), Iñigo Lasuen (alcalde de Otxandio), Eusebio Larrazabal (alcalde de Zeanuri), Iñaki Josu Iribar (concejal en Elantxobe), Iñaki Isasi (alcalde de Arrigorriaga). Una interminable lista en la que se mezcla el negocio asistencial con el de la construcción.

Josu Olazaran, exsecretario del EBB del PNV dirige la empresa de limpieza Garbialdi, expandida por España. Recordaran a las trabajadoras del Clínico San Carlos de Madrid denunciando la gestión de Garbialdi en su hospital. El facha Mayor Oreja, que acaba de firmar contra la eutanasia, ha hecho su carrera en Eulen, otra de las empresas que lleva la gestión de las residencias en la CAV. En el Departamento de Salud, la comunicadora Usoa, no es otra sino la hija del belicoso Koldo Mediavilla.

El empresario jeltzale Juan Carlos del Campo Bizaurraga (Con V su segundo apellido, en función del lugar donde inscribe su firma) preside Gesca, la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales. Ha sido consejero delegado de Vitalitas, la empresa que gestiona Abeletxe de Ermua, hasta el inicio de la pandemia, cuando se ha producido un terremoto de cambios y dimisiones en los consejos de las residencias, supongo que para evitar acciones penales.

Tanto ELA como LAB ya habían denunciado reiteradamente la degradación de los condiciones sanitarias y humanas en algunas de estas residencias privadas. Los familiares de Abeletxe habían protestado previamente por la calidad de la comida. ELA ha interpuesto catorce denuncias contra otras tantas residencias. Los jueces con la patronal.

La respuesta la conocen. Los mastines dispuestos a defender su territorio. Joseba Egibar con su paraguas amenazante frente a las trabajadoras de residencias en Donostia. Iñigo Urkullu enfrentándose a los trabajadores de Osakidetza a los que niega su derecho a la protesta y envía a sus puestos de trabajo. Por cierto, precarizados e infravalorados. Y Ortuzar, como siempre, frivolizando. En este caso con la muerte, la ajena.